La diputada nacional de Unión por la Patria (UP), Mónica Litza, repudió “un arreglo espurio” entre La Libertad Avanza, el Pro y radicales en la conformación de cuatro comisiones claves que tratarán el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para debatir en sesiones extraordinarias y además sostuvo que la “Ley Ómnibus” que tiene más de 600 artículos “debería tratarse, por lo menos, en 25 comisiones”.

En diálogo con Télam Radio, la dirigente del Frente Renovador se refirió al armado de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Asuntos Constitucionales y Legislación General: “se rompió con el criterio de conformación de las comisiones que se votó en el pleno del día 7 de diciembre pasado”.

Litza, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, denunció que se deja a UxP, “que es la primera minoría” de la Cámara de Diputados, “con dos integrantes menos” en esa Comisión “y sin la vicepresidencia primera”. Y agregó que una situación similar ocurrió en las otras tres comisiones que se conformaron, “a las cuales le restaron un diputado o diputada de UxP y se nos arrebató a nuestro bloque la vicepresidencia de Legislación General”.

La legisladora señaló que la presidencia de la Cámara llamó a conformar en este mes de enero 4 comisiones para tratar un proyecto de ley que tiene más de 600 artículos “y que debería tratarse, por lo menos en 25 comisiones”. “Una ley ómnibus que, entre otras cosas, prevé en su artículo 654 la ratificación del decreto de necesidad y urgencia 70/2023”, indicó.

Sobre este punto, subrayó que el gobierno nacional está habilitando sesiones extraordinarias “para que se ratifique un DNU que sólo puede, constitucionalmente, dictarse cuando sea imposible seguir los trámites ordinarios para sancionar leyes en el Congreso”.

Al considerar que el DNU 70/2023 “no tiene nada de necesidad ni de urgencia”, Mónica Litza resaltó que “es una reforma constitucional encubierta”.

En este sentido, dijo que el DNU “modifica integralmente el sistema socioeconómico previsto en nuestra Constitución vigente en su artículo 42 y en los tratados internacionales que hablan sobre un Estado protector de derechos y regulador de la producción de bienes y servicios y, sobre todo, proveer a la justicia social”.

“Este DNU lleva al Estado a una situación de total ausencia y a la desprotección total de los más débiles, porque parte de una idea de una igualdad natural que es propia de otro siglo”, destacó la diputada massista.

“Nos encontramos frente a un gran desquicio”, resumió sobre la acción del oficialismo y de otros sectores parlamentarios ocurrida ayer en el Congreso.