(Por María Aguirre) Las 400.000 hectáreas que el Estado salteño fue obligado a reconocer por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como propiedad de cinco pueblos originarios en el norte de esa provincia siguen siendo "un territorio sin derechos", donde, a tres años del fallo, persisten los "atropellos" de los criollos, que impiden a las comunidades "acceder al agua potable" y preservar sus alimentos, sus medicinas y su identidad cultural.

Descargar